El escenario financiero de las pequeñas y medianas empresas atraviesa un momento de extrema fragilidad que, al igual que ocurre con los hogares, comienza a reflejarse con fuerza en los niveles de incumplimiento de deudas contraídas con bancos y entidades financieras.

Según los últimos datos oficiales, durante el primer bimestre del año el sistema productivo no solo enfrenta una retracción del crédito, sino también un deterioro acelerado en la capacidad de pago, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de miles de empresas.

En este contexto, el Banco Central implementó una reducción en los encajes bancarios con el objetivo de liberar liquidez y facilitar la refinanciación de deudas. La medida baja la integración mínima diaria del 75% al 65%, buscando que las entidades financieras dispongan de más pesos para prestar y así aliviar la situación de sus clientes PyME.

Desde el sector bancario advierten, sin embargo, que el impacto será gradual y que las revisiones de cada caso se realizarán de manera individual. “Lo importante es que las empresas se mantengan dentro del sistema. Que no se caigan, porque eso significaría directamente la quiebra”, señalaron fuentes del sector.

Un salto alarmante en la morosidad

Uno de los datos más preocupantes es el fuerte incremento en la cantidad de empresas en situación irregular. En enero de 2026, la cartera PyME con atrasos superiores a 90 días alcanzó el 8,2% del total.

En términos interanuales, las PyMEs con incumplimientos mayores a tres meses crecieron un 93,5% respecto a enero de 2025, según un informe de la banca pública.

El deterioro también se observa en los casos más críticos: las empresas con atrasos superiores a 180 días aumentaron un 84,9% en los últimos doce meses. En términos de volumen, la cartera irregular ya representa el 4,4% del total de préstamos otorgados al sector.

Impacto transversal en toda la economía

El incremento de la morosidad no distingue sectores. Servicios, comercio, agro, construcción, industria y minería registran un deterioro generalizado en la cadena de pagos, lo que evidencia un problema estructural más que crisis puntuales.

Las señales de alerta también se reflejan en los sistemas de garantía. La morosidad en las Sociedades de Garantía Recíproca alcanzó el 3,1% en enero, mientras que en los fondos públicos trepó al 5,2%.

Brecha con grandes empresas y crédito más restrictivo

El análisis también muestra una creciente disparidad entre empresas grandes y PyMEs. Mientras las primeras lograron sostener un mejor desempeño durante 2025 y el inicio de 2026, las más pequeñas sufrieron con mayor intensidad la caída del financiamiento.

A esto se suma un endurecimiento de las condiciones crediticias: reducción de plazos, mayores exigencias y tasas más elevadas. Las PyMEs, en particular, enfrentan un costo significativamente mayor en adelantos en cuenta corriente, en un contexto donde el 29% del crédito ya está nominado en dólares, sumando riesgo cambiario.

Desigualdad regional

La distribución geográfica de la morosidad expone fuertes asimetrías. Aunque Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe concentran el 72,6% del crédito, las mayores tasas de incumplimiento se registran en provincias con estructuras productivas más vulnerables.

Entre las más afectadas se destacan:

Formosa: 13,8%

Salta: 11,9%

La Pampa: 11,4%

En contraste, distritos como San Luis (6,3%) y Misiones (6,1%) muestran niveles relativamente más estables, aunque dentro de un contexto general de fragilidad.

El peso del financiamiento caro

La combinación de inflación persistente y tasas elevadasconfigura un escenario de presión sobre la rentabilidad empresarial. Muchas PyMEs dependen cada vez más de los adelantos en cuenta corriente para sostener su capital de trabajo, una herramienta de corto plazo y alto costo que, en numerosos casos, termina profundizando el endeudamiento.

El resultado es un círculo difícil de romper: menos crédito, más caro y con mayores riesgos, en un contexto donde la supervivencia de muchas empresas depende de sostenerse dentro del sistema financiero.